Para el transporte de carga y el puerto será bloqueado otra vez

La Intergremial del Transporte Profesional de Carga (ITPC) redobló la apuesta y llamó a un paro general del transporte de carga por tiempo indeterminado. Los camiones de los transportistas bloquearon ayer los accesos al puerto de Montevideo y si bien levantaron la concentración al caer la tarde hoy tienen previsto volver a bloquearlo.

La distribución de combustibles no se verá afectada hoy, pero podría serlo más adelante.

El decreto "antipiquetes" del gobierno no parece haber servido para disuadir a los propietarios de camiones que están en medio de un duro enfrentamiento con los cultivadores de arroz, los que buscan sacar de sus chacras la cosecha. Ayer la puja volvió a generar incidentes en el este del país.

En paralelo, nueve sindicatos presentaron ayer, al filo del plazo legal, un extenso recurso administrativo de revocación contra el decreto del Poder Ejecutivo que el gobierno no cambiará. (Ver nota aparte).

Eduardo Linares, dirigente de los transportistas de combustible, dijo a El País que "ese decreto capaz que está jugando un poco en contra, capaz que toca un poco la fibra de la gente". Según Linares, todo el sector del transporte necesita una regularización. "Cada vez transportamos menos combustible al norte del país. El tema del contrabando es una grosería", dijo.

Según Linares, la utilización de combustible brasileño es lo que permite que algunos camioneros ofrezcan los fletes bajos a los arroceros que la ITPC rechaza por entender que son más bajos que los de la zafra pasada. La ITPC no afectará la distribución de medicamentos, pero es probable que sí se vea resentido el reparto de leche.

Los transportistas de combustible pidieron por ahora no parar aunque apoyan la protesta. Participan en la distribución de combustibles en todo el país unos 200 camiones y 300 personas.

La situación se normalizó ayer en las cercanías de Río Branco (Cerro Largo) para lo que influyó que una empresa molinera importante aceptara mejorar el valor del flete. Pero en las cercanías de Lascano, en el norte de Rocha, hubo incidentes como ya había pasado en Treinta y Tres y Río Branco.

José Bresque, presidente de la Asociación de Fomento Rural de Lascano, contó a El País que en el kilómetro 138 de la ruta 15, a unos siete kilómetros de los molinos de Saman y Coopar que en esa localidad rochense reciben el grano, hubo incidentes. "Había camiones que querían pasar y los detuvieron. Intentaron irse, los amenazaron con romperles los vidrios de los parabrisas. Los camioneros que querían pasar se aguantaron y llamaron a la policía", comentó.

La policía de Lascano logró ordenar la situación. Según Bresque, "apareció gente no se sabe de dónde, que no tiene conocimiento de lo que es un cultivo de arroz". Según Bresque, la cosecha lleva un 30% de avance y "el arroz no se puede detener, en 24 horas tiene que bajarse del camión, porque de lo contrario pierde calidad".

La calidad del cereal se presenta buena y los rendimientos pasan los 9.000 kilos por hectárea. Los precios de venta no cubren los costos.

Recurso.

Ayer los sindicatos COFE (estatales), Fenapes (profesores), ADES (profesores montevideanos), Adeom (municipales), Affur (funcionarios de la Universidad de la República), Unión Ferroviaria, AFPU (postales), UFC (Codicen) y Sughu (hoteleros y gastronómicos) presentaron un recurso revocatorio contra el decreto que apunta a asegurar la libre circulación de bienes y personas. Estos sindicatos son críticos del decreto como los empresarios, pero por motivos distintos. Entienden que amenaza el derecho de huelga.

El recurso, al que accedió El País, señala que "asistimos a una clara transgresión a la Constitución de la República mediante la limitación y desconocimiento de derechos fundamentales integrantes del elenco de derechos humanos mediante la mera acción administrativa que se recurre".

"Asistimos mediante el acto que se recurre a una mera decisión administrativa que pone en la esfera del Ministerio del Interior y eventualmente en el Ministerio de Defensa, una exorbitante e ilegítima discrecionalidad para reprimir derechos de la máxima protección jurídica", agrega. No se puede limitar derechos por medio de un decreto. Se requiere para ese fin una ley, dice el recurso.

"El derecho de asociación, reunión y expresión manifestado a través de la toma de las calles o rutas, o el corte de las mismas como forma de expresión de la protesta, constituye en la gran mayoría de los casos la única forma al alcance de vastos sectores sociales en pro del acceso a bienes jurídicos fundamentales que hacen a la calidad de vida y a la dignidad humana. Lejos de oponerse a los intereses generales, a la salud, la seguridad o el orden público, constituyen el único medio para exigir y garantizar su acceso ante la actitud omisa de los gobernantes, como forma de concreción de una sociedad más justa, igualitaria y democrática", señala.

Se apartan.

El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) aclaró en un comunicado que no apoya la movilización de la Intergremial del Transporte Profesional de Carga. El sindicato dice que las reivindicaciones son de carácter "económico comercial" y no reflejan "en lo más mínimo el sentir del obrero del transporte".

REUNIÓN CON LA BANCADA.

Gobierno mantendrá decreto que generó polémica en el FA.

La bancada de Diputados del Frente Amplio recibió ayer al subsecretario de Interior Jorge Vázquez y al director general de Secretaría, Charles Carrera, por el decreto antipiquetes que fue rechazado por varios sectores de la coalición. En el encuentro participó también el presidente del Frente, Javier Miranda.

El coordinador de bancada Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) dijo a El País que la reunión transcurrió en un buen clima, pero el decreto "está firme" y no sufrirá cambios.

Según supo El País, en el encuentro varios sectores plantearon sus discrepancias con la medida. Entre ellos están, el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), el Partido Socialista y el diputado Óscar Groba (Espacio 609).

El Ministerio del Interior aprovechó la oportunidad para aclarar que nada cambia con este decreto para los trabajadores sindicalizados amparados en el derecho de huelga.

Según dejaron en claro los jerarcas del Ministerio del Interior, el decreto antipiquetes se aprobó para evitar una pérdida millonaria en la zafra de arroz y soja, por el conflicto entre arroceros y transportistas. Señalaron que había mucho en juego y se debía tomar medidas para asegurar la libre circulación en las carreteras. De todos modos indicaron que siempre se piensa apelar "primero al diálogo" antes que disponer el desalojo con la Policía.

En un intento por acercar posiciones, la bancada del Frente se reunirá hoy con los arroceros para mediar con los transportistas.

UNA PUJA MUY DURA.

El arroz se exporta en un 95%.

La secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, Teresa Aishemberg, pidió "a todas las partes" que dialoguen para buscar una solución al conflicto del transporte de carga porque ya se han verificado perjuicios por miles de dólares. Y recordó que "hace tres años que el precio del arroz viene cayendo y eso repercute en toda la cadena". El jueves de la semana pasada ya no se pudieron hacer embarques señaló. El libre acceso al puerto de Montevideo es clave para el arroz porque el 95% del cereal se exporta. El año pasado representó el 5% de todo lo que exportó Uruguay. Se vendieron al exterior más de US$ 434 millones del cereal. 2016 fue el tercer año en que más volúmenes de arroz se embarcaron.

Arroceros no quieren "tarifar".

El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago, rechazó en el lanzamiento de la zafra la "coacción" de los transportistas que están parando. Una carta de la filial de Tacuarembó de ACA echa luz sobre la posición de los productores. "Nosotros reiteramos conceptos básicos. Hace años que tenemos un común acuerdo con nuestros transportistas y no queremos que ningún gremio ni nuestro ni ajeno, venga a tarifar (aquello) sobre cuyo verdadero valor no tiene idea", dice el comunicado. Este grupo acusa a la ITPC de "inventar" un conflicto y de contribuir a generar un clima "enrarecido". Los transportistas el año pasado bajaron el flete del crucial cultivo de soja que se cosecha en abril.

Una gremial que mide su fuerza.

Hay 3.500 empresas dedicadas al transporte de carga reunidas en la Intergremial del Transporte Profesional de Cargas (ITPC) que está integrada por 23 organizaciones. La intergremial calcula que hay momentos en los que el 40% de la flota está ociosa. En la asamblea que decidió el paro participaron transportistas de madera, leche, ganado y otros productos. La necesidad de rebajar costos al transporte es un elemento común en las reivindicaciones de todas las gremiales. El gerente de la ITPC, Humberto Perrone, dijo que la organización no considera que la leche sea un producto esencial por lo que su reparto podría verse afectado. Lo mismo pasaría con el transporte internacional.

“LA CONSTITUCIÓN GARANTIZA EL LIBRE TRÁNSITO”, RECORDÓ.

Aguerre pide evitar que el conflicto se agrave.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, que es productor arrocero en el norte del país, terció en el debate y al participar en el lanzamiento oficial de la cosecha de arroz en Cebollatí dijo que "ese conflicto que puede tener razones valederas de una parte o de otra, no puede llegar a un punto en el cual genere un estado de alarma pública".

"La Constitución garantiza el libre tránsito de personas y mercaderías. Ningún país mantendrá niveles de crecimiento económico, ni captará inversiones si hay dudas con respecto a si una mercadería puede transitar o no. Lo único que hace el decreto del Poder Ejecutivo (que apunta a asegurar el libre tránsito en rutas, calles y caminos) es generar instrumentos que garantizan eso. Eso no es a favor de nadie, ni en contra de nadie", señaló el ministro.

Aguerre destacó la importancia de que la situación se resuelve rápidamente antes de que el próximo mes comience la cosecha de soja.

Quienes argumentan que hay informalidad en el transporte y eso permite que se ofrezcan fletes bajos, como sostiene la ITPC, deberán demostrarlo, argumentó Aguerre. La ITPC ha cuestionado a Aguerre por entender que en este conflicto es parte interesada.

Los transportistas sostienen que los cultivadores transmiten a los propietarios de camiones que si adhieren al paro no los contratarán nunca más.